La RIC: el mejor plan de ahorro para un autónomo que solo invierta en Canarias

Es indudable que, tras casi 30 años de existencia, la Reserva para Inversiones en Canarias (la RIC) ha tenido un papel esencial en el desarrollo económico y social de nuestro Archipiélago: fomentando la inversión empresarial productiva generadora de empleo y la creación de infraestructuras públicas. Así, con su aplicación, las empresas y autónomos establecidos en Canarias pueden quedar exentos de tributación hasta en el 90% o el 80% de sus beneficios, siempre y cuando los reinviertan en el archipiélago y en determinadas condiciones.

Tradicionalmente, los más beneficiados por este incentivo fiscal han sido las grandes empresas, pues son las que han dispuesto de importantes proyectos de inversión en el archipiélago a los que han podido destinar la RIC. Sin embargo, las pymes, autónomos y profesionales canarios con proyectos de inversión de menor dimensión (o incluso careciendo de los mismos), no habían podido hacer uso de la RIC, al no tener en la práctica otra opción para invertirla más que en emisiones de deuda pública canaria, inexistente hace cinco años, y además marginalmente, al quedar buena parte de dichas emisiones en manos de las grandes empresas.

Este hecho no pasó desapercibido para el legislador, que fue consciente de la importancia de seguir potenciando por todos los medios el ahorro y la inversión, sobre todo la inversión privada generadora de riqueza y empleo, para cubrir el desfase de la insularidad que separa al archipiélago del resto del continente europeo, evitando que la ausencia de alternativas tenga efectos contraproducentes para la economía canaria. De este modo, en el año 2015 introdujo la inversión colectiva como fórmula de materialización indirecta de la RIC a través de instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado como capital riesgo, y lo hizo eliminando cualquier factor de preocupación o incertidumbre fiscal, especialmente a los pequeños ahorradores como las pymes, autónomos y profesionales, al someter dicha fórmula de materialización indirecta de la RIC a un riguroso procedimiento administrativos previo instruido por el Gobierno de Canarias y en el que interviene la AEAT. Así, la materialización indirecta y colectiva de la RIC es la mayor socialización o democratización que puede existir de este incentivo fiscal, al posibilitar al autónomo un vehículo de ahorro a largo en el que se puede montar todo el mundo para llegar a sitios (inversiones de las grandes empresas) donde no llegaría de otra manera.

Es una situación en la que todas las partes (los inversores RIC y las grandes empresas demandantes de recursos) entienden que mejoran su posición. Y Canarias es la gran beneficiada, pues no puede ponerse en duda que estas instituciones de inversión colectiva ejercen un efecto de transformación del ahorro, relativamente conservador, en inversión a largo plazo a través de préstamos participativos que se adecuan a las circunstancias cambiantes de las empresas, tales como las crisis del Covid-19 o de la guerra de Ucrania.

Pero además, esta posibilidad de materializar colectivamente la RIC puede llegar a ser un excelente plan de ahorro para los profesionales y trabajadores autónomos. Haciendo un uso de ella de forma programada, racional y a largo plazo, podrán crearse un plan de ahorro que complemente su jubilación equivalente, al menos, al total de las dotaciones que pudieran acogerse en los cinco primeros años que lo inicien. Para ello, el autónomo canario, siempre con el asesoramiento de su asesor fiscal, debería comenzar a invertir (o materializar) la primera dotación de RIC desde el mismo año en que la declara en su IRPF y por el mismo importe que deja pagar impuestos. Debe, además, continuar dotándola y reinvirtiéndola en Canarias durante un período superior a los 14 años, hasta que complete el plan de ahorro que le ofrezca estabilidad después de su jubilación. Pero no nos engañemos, ese autónomo canario no va a tener disponibilidad del dinero que deja de ingresar por impuestos, sino que tendrá que comprometerlo con Canarias durante todo ese largo período de tiempo, y, además, no le será suficiente, pues para la aplicación del incentivo fiscal se le exige que invierta el beneficio acogido a la RIC y no la cantidad inferior que deja de pagar impuestos. Y, por otro lado, la gran empresa que ha sido financiada con dichos fondos RIC, en contraprestación a una financiación privilegiada como la concedida por estas instituciones de inversión colectiva, debe soportar el coste que conlleva que su inversión no pueda acogerse a ningún otro incentivo fiscal, lo que en la práctica y vía su declaración del Impuesto de Sociedades de los años siguientes, ingresará en las arcas públicas buena parte de los impuestos dejados de pagar por aquellos que indirectamente le han financiado su crecimiento. 

RIC Private Equity comienza este mes de mayo a organizar charlas divulgativas para distintos sectores de profesionales de autónomos de Canarias, con el fin de dar a conocer el plan de ahorro que a largo plazo les ofrece la RIC, y que puede garantizarles una jubilación digna. Farmacéuticos y abogados serán los primeros profesionales invitados. Y es que, en Canarias, solo los colectivos de oficinas de farmacia y de abogados de todas las Islas, podrían dotar e invertir en RIC no menos de 300 millones de euros anuales y mantener constante durante los siguientes 15-20 años una inversión media cercana a los 2.000 millones de euros.

Visto así ¿no es ahora el momento de que estos autónomos canarios puedan también comprometerse a cubrir las necesidades de financiación que exige el desarrollo económico y social de Canarias, haciendo uso de esta novedosa fórmula colectiva de materialización de la RIC y recibiendo, a cambio, una mayor estabilidad económica después de la jubilación? O, por el contrario ¿debemos seguir recurriendo sistemáticamente al ahorro exterior para impulsar la inversión en Canarias, con la dependencia que ello genera y que no siempre es deseable?

Fuente: La Provincia